El Consorcio Ignaciano de Educación (Consigna Educación), colectivo que agrupa a las instituciones educativas de la Compañía de Jesús y vinculadas a ella en el Perú, -Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Fe y Alegría del Perú, Asociación de Colegios Jesuitas del Perú (ACSIP) y el Sector de Educación Popular de la Compañía de Jesús (SEPSI)-, considera necesario pronunciarse con respecto a las normas aprobadas recientemente por el Congreso de la República y el Ministerio de Educación que atentan severamente contra la calidad y el derecho a una buena educación en todos los niveles del sistema educativo peruano, desde la escuela hasta la universidad.
- Responder al derecho universal a la educación no es suficiente si no va acompañado de la calidad de las instituciones encargadas de ofrecerla. Para lograr el real progreso y transformación de las personas y las sociedades es indispensable que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos tengan acceso a una formación integral que les permita adquirir conocimientos y capacidades, y desarrollar valores éticos y ciudadanos cimentados en principios fundamentales de respeto por la diversidad, el diálogo y los derechos de los demás.
- En el ámbito de la Educación Superior, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha venido realizando una tarea fundamental desde el año 2015 asegurando que las universidades peruanas, públicas y privadas, cumplan con satisfacer las condiciones mínimas necesarias para poder ofrecer una educación de calidad. El proyecto de ley PL N°862/2021CR, aprobado por el Congreso, atenta contra la imparcialidad de las decisiones de la SUNEDU, al contemplar la incorporación de representantes de las universidades en su consejo directivo, así como la elección del Superintendente por parte de estos representantes. Es imposible que en esas condiciones se mantenga la objetividad que debe caracterizar los procesos de licenciamiento de esta entidad.
- En el ámbito de la Educación Básica, la aprobación del PL N°904-2021, que dictamina la incorporación de organizaciones de padres y madres de familia en la aprobación de materiales y recursos educativos, atenta contra diversas situaciones propias del Estado de Derecho. La medida desconoce el rol rector y técnico que le otorga la ley al Ministerio de Educación para definir las políticas educativas públicas, debilita principios pedagógicos señalados en el Proyecto Educativo Nacional al 2036 sobre la igualdad de género y lineamientos de la ESI (Educación Sexual Integral), y desconoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2019 sobre la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional y políticas de protección de los DDHH de niñas, niños y adolescentes.
- De igual forma resultan preocupantes los anuncios acerca de cambios significativos en el Currículo Nacional para Educación Básica, formulado en un proceso largo, legítimo y participativo. Es importante recordar que nos encontramos en un momento crítico para la educación, luego de dos años de alejamiento forzado de las aulas. La prioridad en este momento es volver a la presencialidad plena, recuperar estudiantes que tuvieron que apartarse para atender situaciones vitales, y procurar el cierre de brechas de aprendizaje incrementadas durante la pandemia. El destino de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes marca un sentido de responsabilidad y de urgencia que impone un orden de importancia en las decisiones de política educativa.
- No menos inquietantes son las disposiciones tomadas últimamente sobre la EIB (Educación Intercultural Bilingüe). La reclasificación de IIEE ya empadronadas en el Registro Nacional de IIEE EIB representa un retroceso en la larga lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos a una educación en su lengua materna, con docentes involucrados en la cultura y forma de expresión de las y los estudiantes y sus comunidades de origen. El reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en nuestro país es esencial para lograr una convivencia pacífica y armoniosa, de allí que alentamos las decisiones políticas que la fortalezcan y cuestionamos severamente las que la debilitan.
- Exhortamos al Poder Ejecutivo a observar los proyectos aprobados por el Congreso, que representan un grave retroceso en la tarea de lograr la oferta de una educación de calidad para nuestra niñez y juventud en el Perú.
Instamos también al MINEDU a continuar el proceso de implementación de normas que permitan el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía plena, con especial énfasis en el ámbito rural y con un enfoque intercultural.
Invocamos a la ciudadanía, de manera especial a los y las jóvenes, a expresarse y comprometerse decididamente en la defensa de una real autonomía universitaria y de una oferta educativa de calidad que asegure el respeto a todas las personas, particularmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, tan severamente golpeados en estos años de pandemia.
Lima, 11 de mayo de 2022
